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NO al TTIP, TISA Y CETA

Grupo Municipal MOVER Parla

16/05/2016

 

MOCIÓN DE URGENCIA DEL GRUPO MUNICIPAL MOVER PARLA PARA EXIGIR AL GOBIERNO EN FUNCIONES QUE NO COMPROMETA AL ESTADO EN TRATADOS INTERNACIONALES

 

El Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA), es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. El acuerdo se firmó entre el gobierno de Canadá y la Comisión Europea terminadas las negociaciones el 26 de septiembre de 2014, quedando desde entonces pendiente de ratificación y aprobación.

El viernes 13 de mayo se reúne el Consejo de Ministros de Comercio de la UE, formado por los ministros de asuntos exteriores de los 28 países, que conforman la UE con el fin de elaborar la última Hoja de ruta antes de la ratificación del acuerdo de libre comercio con Canadá, conocido por sus siglas como CETA. La hoja de ruta será sometida a votación en la próxima Cumbre del Consejo Europeo, formado por los jefes de estado de los 28 países miembros, de los días 28 y 29 de junio. En dicha cumbre, la Comisión Europea presentaría el tratado traducido en todos los idiomas de la UE y la propuesta, en el Consejo Europeo de convocar o no una cita con Canadá para octubre. Una vez aprobado tanto por el Consejo Europeo como por el Parlamento y firmado por ambos bloques en la próxima Cumbre entre la UE y Canadá, podría empezar a aplicarse a partir de 2017, aún a falta de haber sido ratificado en todos los parlamentos europeos.

EL CETA, es un tratado similar al TTIP, fue gestado de forma opaca a espaldas de los ciudadanos, pretende impulsar el aumento del volumen de comercio entre ambos bloques, por medio de la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, es decir, eliminando aranceles y armonizando la regulación europea en cuanto a estándares. El tratado también incluye una cláusula de protección de las inversiones como la ISDS, que permite a las empresas dirimir disputas comerciales en tribunales de arbitraje privados evitando al poder judicial de cada país, ahora llamada ICS.

Dada la integración de las economías de Canadá, USA, y México desde 1994, con la firma del NAFTA, la aprobación y aplicación del CETA permitirá, de facto, que las multinacionales estadounidenses utilicen sus filiales en Canadá, para defender sus intereses en Europa pudiendo utilizar los tribunales de arbitraje para denunciar a los estados miembros. Todo esto supone, que la ratificación del TTIP, no sea necesaria puesto que los mecanismos y elementos buscados por los Lobbies de las multinacionales ya vienen recogidos en este otro tratado.

El Movimiento Organizativo Vecinal en Red Parla, MOVER Parla, con la intención de proteger a los vecinos de Parla, de las implicaciones de la armonización y desregularización de las normativas y estándares pretendidas en el tratado y sus efectos adversos en diversos ámbitos (laboral, ambiental, salud pública, democracia, empleo público…etc.) presentó una moción al pleno en el mes de agosto para que nuestro municipio se opusiera al TTIP a la que se sumaron: Cambiemos Parla e IUCM-Los verdes.

Ante la posibilidad de que un tratado con los mismos efectos que el TTIP, sea ratificado el próximo mes, MOVER Parla, considera que el actual gobierno en funciones, que además ha perdido la mayoría absoluta en el parlamento, no tiene la legitimidad suficiente para tomar una decisión que compromete el futuro del Estado español. Sabemos que la intención del Gobierno es la de aprobar y ratificar el tratado cuanto antes para que se pueda empezar a aplicar, según sus propias palabras recogidas por el diario EL PAÍS “España confía en que se pueda proceder con la mayor rapidez posible a la firma y aplicación provisional del Acuerdo, en los temas competencia de la UE, para que pueda entrar en vigor lo antes posible (previsiblemente antes de 2017) lo cual redundará en amplios beneficios económicos y comerciales para ambos socios”.

Consideramos la falta de legitimidad del Gobierno en funciones apoyándonos en el propio ordenamiento jurídico:

Artículo 101 CE:

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno".

Artículo 21, Ley 50/1997, del Gobierno:

3. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

4. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales

 

Además de la normativa existe una sentencia del pleno de la sala 3ª del tribunal supremo de 20 de septiembre de 2005, en la que se delimita la actividad de un gobierno en funciones. La sentencia concluye que “España no puede quedarse sin Gobierno ni siquiera unas horas” y que el Ejecutivo en funciones no debe tomar decisiones de dirección política porque “el cese ha interrumpido la relación de confianza que le habilita para ejercer tal dirección y le ha convertido en un órgano cuya composición debe variar necesariamente en el curso de un proceso constitucionalmente regulado, de una duración necesariamente limitada en el tiempo, del que surgirá una nueva relación de confianza y un nuevo Ejecutivo. Así, pues, el Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya”.

Por tanto, un gobierno en funciones sin la confianza del congreso no debe condicionar las futuras vinculaciones políticas del Estado español, ni comprometer al país firmando un tratado internacional como el CETA.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a discusión y votación en el pleno los siguientes acuerdos:

  1. Instar al Gobierno en funciones a no ratificar ninguna decisión que comprometa el futuro del estado por medio de acuerdos internacionales como el CETA.

  2. Instar al Gobierno en funciones a que sea prudente con este acuerdo que compromete al Estado español, puesto que no hay urgencia que justifique la provisional aplicación del CETA, ya que el CETA no contempla ningún desastre medioambiental, social o económico, y que se oponga a la aplicación provisional del CETA.

  3. Instar al futuro Gobierno a no ratificar ningún acuerdo internacional que conlleve la inclusión de cláusulas de protección de la inversión, basado en tribunales de arbitraje privados, como la cláusula ISDS o ICS.

  4. Instar al futuro Gobierno a no participar de tratados internacionales opacos.

 

 

Beatriz Arceredillo

Portavoz Grupo Municipal MOVER Parla